El vicepresidente de Banco Central Europeo, de Guindos, ha insistido este lunes en que la política fiscal de los gobiernos europeos no debe ser expansiva por el efecto que tendrá sobre la inflación, contrarrestando los esfuerzos que está realizando la autoridad monetaria subiendo los tipos de interés .
«El margen de la política económica no es el uso durante el momento de la pandemia. Por un lado, nos encontramos con una mayor inflación, lo cual condiciona lo que es el sentido de la política monetaria. La política fiscal tampoco puede ser la que fue en ese momento, el famoso ‘lo que sea necesario’ para la política fiscal», ha subrayado Guindos durante su intervención en un acto organizado por Banco Sabadell. «Nos encontramos también con una situación de enorme incertidumbre con la desaceleración del crecimiento económico. Y por tanto [sobre] el sector el sector empresarial, nosotros consideramos que va a haber específicos en los cuales la solvencia se puede ver afectada en la zona euro», ha apostillado el vicepresidente del BCE.
En este, el exministro español ha indicado que los gobiernos pueden llevar a cabo cierta expansión desde la política fiscal, pero cree que las medidas deben ser selectivas y estar centradas en los segmentos vulnerables de la población que están padeciendo la inflación y el ‘shock energético. Además de por los efectos sobre la inflación, Guindos considera que otro gran paquete a nivel paneuropeo de política fiscal de expansión no es posible, ya que las ratios de deuda sobre el producto interior bruto (PIB) han alcanzado en 20 puntos porcentuales respecto a hace dos años.
«También hay un deterioro muy importante de los déficits públicos que no puede continuar para siempre. Por eso me refie- ro a la selectividad [de la política fiscal]puede ser impuestos vía o vía gasto público, pero siempre selectivo», ha apostillado Guindos.
Preguntado por el impuesto a los beneficios de la banca que ha planteado el Gobierno español, Guindos ha evitado pronunciarse porque el Ejecutivo no ha pedido la opinión del BCE y, en todo caso, el organismo tendrá que examinar en detalle la propuesta. En todo caso, De Guindos ha registrado que el planteamiento general del BCE es que este tipo de medidas impositivas no afectan al coste de financiación, ni a la concesión de crédito ni a la solvencia del sector.
Oliu: el impuesto a la banca es injusto
El presidente del Sabadell, Oliu, ha valorado que se trata de un gravamen «discriminatorio», ya que no afectará a todo el sector bancario y por ello ha pedido darle una vuelta. «Entiendo que haya que llegar al hombro por la dificultad del entorno económico, pero hay que darle tres vueltas a cómo está diseñado. Es claramente discriminatorio. Unos cuantos bancos deben pagar, pero no todos», ha señalado durante la reunión anual de consejeros consultivos .
Sí que, el Ejecutivo ha propuesto imponer un tipo del 4,8% sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que en el año 2019 hubieran ingresado más de 800 millones de euros, sumando estos dos conceptos. En total, el Gobierno espera recaudar 3.000 millones entre ambos años. Según las estimaciones de este diario, se verán afectados nueve bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar). En ese sentido, Oliu ha expresado que «el hecho impositivo se aplica sobre una de las variables de la cuenta de resultados y que penaliza sobre todo a los bancos que se dedican a las pymes y son nacionales».
En la misma línea, el consejero delegado de la entidad, González-Bueno, ha pedido que el impuesto a la banca sea temporal y que no «distorsione la competencia». «El año pasado pagamos 800 millones de euros en impuestos e frente a 530 millones de beneficio neto. Lo único que pedimos es que sea temporal y no distorsione la competencia», ha valorado. No obstante, el primer ejecutivo de Sabadell expuso ante los consejeros consultivos las buenas perspectivas de negocio y ayudó la previsión de alcanzar un ROTE del 7% para este año sin tener en cuenta el impacto del gravamen, impulsado por la subida de tipos de interés y una morosidad «controlable». «Los vientos expuestos a favor por la subida de tipos junto con las nuevas actividades que desarrollamos van a tener un impacto muy alto. El impacto de la inflación en la morosidad tendrá incrementos de costes controlables», ha.
El Tesoro da mandato para vender deuda a 20 años
El organismo que dirige Carlos Cuerpo ha dado mandato a BBVA, Crédit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan y Société Générale para colocar deuda a 20 años. La última emisión de estas características se efectuó en junio de 2020, coincidiendo con los momentos más duros de la pandemia. En aquella ocasión se vendieron 12.000 millones y la demanda superó los 78.000 millones.
Con esta emisión son ya cuatro las operaciones sindicadas que ha realizado el Tesoro en 2022 en las que ha levantado 25.000 millones. En las primeras semanas del año, el organismo que dirige Carlos Cuerpo captó 10.000 millones con vencimiento en abril de 2032 y otros 7.000 millones en deuda a 30 años. Cinco meses después, antes de la reunión de junio del BCE, España vendió 8.000 millones en deuda a 10 años. El aumento de las rentabilidades ha borrado del mapa los tipos negativos. Asimismo, el coste de las nuevas emisiones se sitúa en el 1,05% y el de la deuda en circulación en el 1,613%.
La emisión del Tesoro se produce en un momento de gran impacto para el mercado. El endurecimiento de la política monetaria y las expectativas de inflación han impedido frenar el repunte de las rentabilidades. La deuda española con vencimiento en 2032 se aproxima al 3%, una barrera que superará en junio cuando el BCE adelantó su intención de poner fin a la era de los tipos cero, una medida que llegó en julio con un alza de 50 puntos básicos , superior a lo inicialmente previsto. La mayor contundencia para frenar la inflación se reflejó en la reunión de este mes cuando la institución europea elevó las tasas en 75 puntos básicos, la mayor alza en la historia del euro.
Para este año, el organismo que dirige Carlos Cuerpo estima unas emisiones netas de 75.000 millones, cifra que se sitúa en línea con los 75.138 millones de 2021. Las emisiones brutas alcanzarán los 237.498 millones, un 10,14% menos que lo publicado en 2021 (264.312 millones) e inferior también a los 242.846 millones recogidos en los Presupuestos Generales. Aunque las necesidades de financiación continuarán elevadas siendos, el Tesoro retoma la envío decreciente que venía imperando desde 2012. El volumen de emisiones brutas previstas para los próximos meses ronda los niveles de 2015 (236.800 millones) y se sitúa lejos de los 277.100 millones registrados en el año de la pandemia.
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