La Cámara de Aseguramiento en Salud (CAS) de la Andi, a los aseguradores de salud y administradoras de planes voluntarios de salud de 28 millones de colombianos, dio a conocer sus inquietudes tras las declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, y parte de su gabinete.
(Así fue la rueda de prensa de Minsalud sobre el presupuesto del 2023).
«Rechazamos las insinuaciones sistemáticas y generalizadas en el sentido de que las EPS desvían recursos públicos destinados a la salud. Las diferencias sobre el modelo de salud que necesita Colombia deben basarse en la argumentación técnica y en qué es lo mejor para los usuarios, y no Urge que el Ministerio de Salud, la Superintendencia del ramo y las demás autoridades del sector fomenten un ambiente de diálogo y construcción colectiva«, dijo la CAS.
Sobre el presupuesto al sector, propuesto al Ministerio de Salud reevaluar el incremento de la UPC en 14 % para que sea de 12 %. Dado que es necesario tener en cuenta los aspectos que han incrementado los costos de la atención.
(Las medidas fiscales que destaca la Ocde sobre Colombia).
Además, la CAS manifiesta que el sector necesita claridad sobre cómo los 1,3 billones solicitados para la implementación del modelo preventivo y predictivo compensan la reducción de la reducción en 1,9 billones para aseguramiento.
(‘No se ha disminuido el presupuesto para la salud’: Minsalud).
«Los aseguradores de salud aglutinados en la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi considerando que deben estar al margen de las disputas políticas sobre el déficit que dejó el gobierno anterior con motivo de la pandemia. El país enfrenta una nueva realidad financiera y epidemiológica, y debe mirar hacia adelante. Las inculpaciones de uno y otro lado no redundan en lo importante, que debe ser el bienestar de los pacientes», expresa la CAS.
Por lo cual, teniendo en cuenta «el ánimo participativo» del Gobierno Petro, propone «conformar una mesa de diálogo orientada a evitar circunstancias que puedan afectar al sistema de salud colombiano y la atención de los ciudadanos (…) Establecer una línea clara de trabajo, dentro de los cauces de la regulación y la ley, que garantice los derechos de todos los colombianos».
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