Los Veintisiete se aprestan a sacar adelante una nueva regulación europea que supondrá una intervención sin precedentes en el mercado de la energia. Los Gobiernos de la UE apoyan la propuesta de la Comisión Europea de gravar los beneficios extra de las compañías energéticas para repartirlos entre los hogares y empresas “vulnerables”, pero reclaman más flexibilidad a la hora de lograr la reducción obligatoria de la demanda eléctrica que exige Bruselas y que se tengan en cuenta sus circunstancias particulares, según un borrador del reglamento revisado por el Consejo de la UE al que ha tenido acceso a EL PAÍS. El texto, que contiene las enmiendas de los representantes de los Veintisiete, deja, además, la puerta abierta a aceptar las medidas de gravamen nacionales sobre las energías, siempre que sigan normas equivalentes y compartan el mismo objetivo que la regulación europea.

España, sin ir más lejos, sucederá hace unos días un impuesto extraordinario sobre las energías. Aunque la norma europea impone un gravamen sobre un porcentaje de los beneficios de estas empresas y en la española ese impuesto es sobre los ingresos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó hace unos días que España ajustará a la legislación consensuada en Europa el impuesto español, muy criticado por el Partido Popular que, junto a Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, votó en contra del gravamen sobre los llamados beneficios caídos del cielo de las energías por el alza de los precios del petróleo y el gas y destinado a paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.

Mientras, el Partido Popular Europeo ha apoyado de lleno las medidas con las que Bruselas planea recaudar unos 140.000 millones de euros con un gravamen a las llamadas “inframarginales” (las renovables y la nuclear), que han visto dispararse sus beneficios y que tendrán que aportar a las arcas públicas todo lo que supere los 180 euros por megavatio hora (la media ahora está en unos 450 megavatios hora), como adelantó EL PAÍS. También lo que la Comisión Europea llama “contribución solidaria” de las compañías de gas y petróleo, que debería contribuir con un gravamen del 33% de cualquier ganancia superior al 20% de lo que han obtenido de más respecto a la media de los últimos tres años.

La propuesta de la Comisión Europea, que revisarán los ministros de Energía de los Estados miembros en una reunión el 30 de septiembre en Bruselas la que deben darle la luz verde definitiva, marca una reducción del 10% del consumo total de electricidad para los cuatro meses en los que está en vigor la medida (del 1 de diciembre al 31 de marzo de 2022, con una revisión antes de que acabe febrero) y exige una reducción obligatoria del consumo eléctrico del 5% en un cupo mensual de horas pico que ahora desaparecen del borrador del Consejo, que no especifica si esa reducción es obligatoria es mensual o para todo el período. Esto permite a los países distribuir ese ahorro conforme al diseño nacional de su sistema. La identificacion de las horas pico y la diferencia en la formula de calcularlas ya habia suscitado debate entre los paises.

Los precios del gas y la electricidad alcanzaron niveles récord ya en 2021, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, empezó a aferrarse a la llave del suministro del que han dependido durante décadas de varios países europeos, como palanca de presión del Kremlin para que se acelerarse la puesta en marcha el gasoducto NordStream 2, que llevaría gas ruso directamente a Alemania bajo el mar Báltico.

Este año, tras la invasión rusa sobre Ucrania, el apoyo de la UE a Kiev y la aprobación de varios tipos de sanciones al régimen de Putin, el presidente ruso cerró aún más el suministro y los precios alcanzaron máximos históricos. La perspectiva de un invierno frío y con los precios de la electricidad disparados en Europa, donde están intrínsecamente relacionados con el gas, ha obligado a la Comisión Europea a plantear un paquete de medidas de ahorro urgentes y graves nunca vistos. Ahora, a largo plazo, la Comisión Europea plantea también una reforma del mercado energetico para disociar los precios de la energia electrica de los del gas.

A corto plazo, dentro de las medidas urgentes, los países quieren incluir también una excepción al reglamento que sufrieron Bruselas la semana pasada: que si las centrales eléctricas (por ejemplo, las que funcionan con hulla, un tipo de carbón) pueden demostrar que sus los costos superan los 180 megavatios por hora, se les debería aplicar un límite de precio más alto para gravar sus beneficios, según el borrador del reglamento.